Fuente Lainformacion.com
Res SOStenible
Señala que PP y PSOE "juegan sobre una ambigüedad" y que "no recoge la voluntad de la sociedad civil".
El pleno del Congreso aprobó este martes una moción presentada por el Partido Popular que insta al Gobierno a impulsar un escenario de seguridad jurídica en Internet que proteja "de un modo eficaz" los derechos de propiedad intelectual, respete los derechos fundamentales de los ciudadanos y que garantice que sólo un juez tendrá la autoridad de cerrar una página web.
Para Simona Levi, miembro de EXGAE y del colectivo Red SOStenible, la propuesta es un paso en la buena dirección pero resulta insuficiente porque sigue prevaleciendo la Propiedad Intelectual sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos: "Derechos de ciudadanos y derechos de autorse pueden igualar, pero no la Propiedad Intelectual porque no es un derecho fundamental. Ya en esto juegan sobre una ambigüedad".
En concreto, el texto presentado por el grupo popular, apoyado por PSOE, PNV, CIU y BNG, pide garantías para la existencia de un equilibrio entre las distintas partes y reclama el respeto de derechos fundamentales como el secreto de las comunicaciones, la protección de los datos personales o la libertad de expresión.
Una moción populista
El asunto que más preocupa a esta plataforma, que agrupa a asociaciones de internautas, colectivos de ciudadanos, empresarios y juristas, es la relativa a la actuación judicial. La moción indica que "sólo la autoridad judical podrá adoptar medidas que supongan la interrupción o restricción del servicio o la retirada de contenidos".
"La postura es muy parecida a la redactada por el PSOE. Es una moción populista que intenta apropiarse de la opinión pública diciendo que 'estamos de acuerdo en que haya un juez'. Pero no recoge la voluntad de la sociedad civil", señala Levi, que ha participado en la Subcomisión parlamentaria de Propiedad Intelectual.
Levi advierte de que si el Gobierno tiene tanta urgencia en aprobar la Ley de Economía Sostenible lo haga con una pequeña modificación y sin atropellar derechos fundamentales, y pide a los grupos parlamentarios que sean "consecuentes" con lo aprobado este martes en el Congreso y retiren, "porque no tiene razón de ser", la disposición final primera del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible.