Jornadas por el conocimiento libre ante la cumbre europea de ministros de telecomunicaciones

Comunes
 

Colina Roja - Hacklab Granada
Os convocamos a las “Jornadas por el conocimiento libre” ante la cumbre de ministros de telecomunicaciones de la UE que tendrá lugar en Granada el 19 al 20 de abril en la ciudad de Granada.
El programa de las jornadas es:

  • Lunes 19 de abril:
    • 10:30 Acción "Compartir es bueno",
      Mirador de S. Nicolás.
      Ven con tu portátil a intercambiar cultura libremente mientras músicos, actores, pintores crean y comparten obras con licencias libres.
    • 18:00 Mesa Redonda "Software Libre y Cultura Libre"
      Fundación Euroárabe. C/ San Jerónimo, 27.
  • Martes 20 de abril:
    • 19:00 Taller sobre Derechos de Autor.
      Entresuelo. Plaza San Agustín, 2.

¿Qué se debate en la cumbre ministros de telecomunicaciones de la UE?
La UE está empezando a amenazar internet tal y como lo conocemos: Hasta ahora en la red todos los participantes han sido tratados por igual, no existe una diferencia estructural entre "locutores" y "espectadores" (como ocurría en los medios de comunicación de masas tradicionales y unidireccionales). Todo el mundo tiene la oportunidad de que sus ideas sean escuchadas, de hacer que cualquier forma de cultura o información llegue a cualquier parte. Esto suele colisionar frontalmente contra los intereses de las grandes corporaciones y gobiernos.
La actividad legislativa europea de los últimos años está enfocada a satisfacer la presión de los lobbies (teleoperadoras, entidades de gestión de derechos de autor, etc) en lugar del interés general. La cumbre de ministros de telecomunicaciones que está teniendo lugar estos días en Granada va a profundizar estos ataques, especialmente en dos aspectos:

  • Legislación antipiratería:
    El modelo de negocio de la industria discográfica no ha sabido adaptarse al escenario técnico actual, quedándose obsoleto: debe transformarse drásticamente para sobrevivir.
    Sin embargo insisten una y otra vez en mantenerlo vivo artificialmente, incluso a costa del interés general: Todas las medidas "contra la piratería" que hemos visto hasta ahora por parte de distintos países de la UE (cierre preventivo de webs, canon, etc) llevan a la criminalización de una mayoría de los internautas, suponen un ataque a derechos fundamentales como la libertad de expresión y ponen trabas al acceso universal a la cultura que posibilita internet.
  • Atacar el principio de "neutralidad de la red":
    El respeto que hasta ahora se ha tenido a este principio ha sido lo que ha posibilitado el increíble desarrollo de la red y su estructura horizontal. La neutralidad de la red significa que todos los contenidos, aplicaciones y servicios de internet son tratados de la misma forma, prohibiendo a las operadoras discriminarlos, limitarlos, bloquearlos o priorizarlos según sus intereses empresariales.
    Las grandes operadoras europeas (Telefónica, Vodafone, etc.) llevan tiempo presionando a la UE para "desneutralizar" la red, y la UE ha aceptado abrir el debate. ¿Que pretenden la operadoras? Cambiar el modelo de internet implantando "servicios escalonados" similares a los de la TV digital, en los que el acceso a "todo" internet solo sería posible a los que puedan permitirse pagar una cuenta "premium", dejando para el resto un "paquete base" en el que solo podrían visitar un numero limitado de webs, posiblemente propiedad de la teleoperadora.
    En definitiva, las operadoras pretenden crear una escasez artificial para limitar el acceso a la mayoría de los ciudadanos y acabar con la igualdad entre los internautas, con el propósito de aumentar sus beneficios y controlar los contenidos. A la Comisión Europea esto le parece una interesante propuesta sobre la que hay que debatir.

¿Cuál está siendo el papel del Gobierno de España?

El nombramiento como ministra de cultura de González-Sinde anunciaba una “línea dura” que pronto se materializó con la llamada “Ley Sinde”, por la que - como la interpretación de la LPI que hace la institución judicial ya no es suficiente para la industria discográfica - una Comisión de Propiedad Intelectual será quien decida sobre el incumplimiento de la ley de derechos de autor. De esta forma se pasa por encima de derechos fundamentales como los de privacidad, tutela judicial efectiva, seguridad jurídica y libertad de expresión en nombre de la “salvaguardia de la propiedad intelectual”.
Por su parte el Ministro de Industria Miguel Sebastián se convirtió en ariete de los ataques a la neutralidad de la red al dar cobertura política -en menos de 24h- a la exigencia del presidente de Telefónica, Cesar Alierta, de cobrar una tasa adicional a los buscadores de internet. es decir que el tráfico generado por ellos recibiría un tratamiento especial convirtiendo al buscador en una figura privilegiada a la que solo los más adinerados tendrían acceso, sentando las bases y la infraestructura técnica que les permita hacerse con el control sobre la oferta de servicios.
En este momento el gobierno del PSOE está aprovechando la presidencia de turno para proyectar las pretensiones de los lobbies sobre la UE, y en su batalla contra el libre acceso a la cultura ha puesto en el punto de mira a todas las publicaciones web que de alguna forma "facilitan la violación en masa de los derechos de propiedad intelectual" (sic), independientemente de si la publicación por sí misma infringe alguna ley, y de lo indirecta que sea su relación con el distribuidor no autorizado de contenidos protegidos.
¿Qué pedimos?

Debemos pedir una legislación sobre internet que proteja a los internautas, impulse su crecimiento y fomente el acceso a la cultura contra al modelo que protege a las empresas frente a los usuarios, castra y compartimentaliza el desarrollo de la red y articula multitud de restricciones al acceso de la cultura.
Ante está situación una amplia coalición de ciudadanos, usuarios, consumidores, organizaciones, artistas, hackers, miembros del movimiento por la cultura libre, economistas, abogados, profesores, estudiantes, investigadores, científicos, activistas, trabajadores, desempleados, emprendedores, creadores provenientes de más de 20 países firmaron la Carta por la Innovación, la Creatividad y el Acceso al Conocimiento, donde se trazan las lineas maestras de un modelo de sociedad del conocimiento donde el Interés Público este por encima de la protección de intereses privados. La construcción de una sociedad del conocimiento centrada en el Interés Público pasa por:

  • La abolición de todos los “cánones digitales” injustos que sancionan indiscriminadamente en nombre de la “compensación de los/as artistas”, y que tratan de penalizar actividades que no son criminales en modo alguno.
  • Las sociedades de gestión (en España la SGAE) deben administrar únicamente las obras que han sido registradas en su base de datos, que nunca suponen la totalidad de la producción creativa. No debería permitírseles convertirse un monopolio, ni que éstas impidan a los
    artistas o autores usar licencias libres.
  • Expansión del dominio público y reducción de los periodos de copyright. Los resultados de investigaciones y las obras intelectuales y culturales financiadas con fondos públicos deberían ser tener licencias que permiten el compartir.
  • La neutralidad de la Red debe ser garantizada, los/as ciudadanos/as tienen derecho a una conexión a Internet libre de todo tipo de discriminación, ya consista ésta en bloquear, limitar o priorizar determinados tipos de aplicaciones, servicios o contenidos, o basada en la ubicación del emisor o el receptor. No se debería imponer ninguna limitación ni filtrado.
  • La sociedad civil y la administración pública han de tener el derecho a proveer e implementar servicios de conexión a redes, incluyendo aquellos ofrecidos de manera gratuita y sin condiciones a los ciudadanos.
  • El sector público, los proyectos financiados con fondos públicos y aquellos que impliquen a los ciudadanos por ley o de manera que afecte sus derechos fundamentales, deberían usar siempre software libre y estándares abiertos.

Proponemos un sistema de tres avisos para aquellos que violen el derecho a saber de la ciudadanía.