En fechas próximas la GISS, en su imparable afán privatizador, que por otro lado es el de todo el Ministerio, tiene previsto impartir unas “charlas informativas” a los usuarios de gestión directamente implicados en el Desarrollo (Entidades Gestoras y Servicios Comunes e Intervención General de la Seguridad Social) para convencerlos de las excelencias del nuevo modelo de gestión, el llamado AM, que ya se está incorporando y de cómo éste va a mejorar su gestión diaria a todos los niveles. Este modelo pretende sustituir al actual, llamado de AT o Asistencia Técnica por horas, en el cual las empresas subcontratistas se limitan a una mera puesta a disposición de la GISS de sus trabajadores, o de trabajadores de otras subcontratas, con el riesgo de poder ser denunciados por el ilícito de cesión ilegal de trabajadores.
Con este comunicado queremos responder a varias preguntas que pueden plantearse desde la óptica de estos usuarios.
¿Qué es esto del AM? El AM (Application Management), en castellano DG (“Desarrollo Gestionado”), no es otra cosa que una nueva forma de contratación y ejecución de los desarrollos informáticos necesarios para resolver las peticiones de la TGSS, ISM y el INSS en outsourcing, esto es, de forma externalizada. Todo esto se presenta convenientemente maquillado en vistosas presentaciones para ocultar la realidad, que no es otra que lo que deberían realizar los empleados públicos con la titulación adecuada, la misma que se les exigió para conseguir una plaza por oposición justo para realizar estas labores, lo acabe haciendo personal externo, no necesariamente cualificado, en remotas “factorías del software”.
¿Qué son las “factorías del software”? Son verdaderos almacenes de informáticos, deslocalizados en sitios donde para la empresa es más barato tenerlos. Allí, encargados de materializar las peticiones en serie como en una cadena de montaje, son sometidos a jornadas prolongadas e infrapagados. Es lo que coloquialmente se llaman “industrias cárnicas”, que son, como sabemos, uno de los nichos de trabajo más precarizados del mercado laboral en la actualidad.
¿Por qué se quiere aplicar este modelo? La argumentación que se aduce es que el AM tiene la ventaja de pasarle al proveedor de servicios la responsabilidad sobre la gestión de los trabajadores contratados, lo que supuestamente aumenta la productividad y modera los costes al permitir modular el trabajo en función de las necesidades de los Centros. Como valores añadidos señalan “una documentación completa y actualizada, un mayor control sobre el proveedor gracias a unas pruebas exhaustivas, lo que redunda en un aumento de la calidad de las aplicaciones”. Este modelo lo contraponen al actual, que es la subcontratación por horas o jornadas, la citada AT, por el efecto negativo que supone que, cuando la facturación para el proveedor está garantizada independientemente del volumen de trabajo resuelto, baja la productividad de los equipos.
¿Por qué existe la necesidad de subcontratar tanto personal externo? Se afirma con razón que hay un déficit estructural de personal funcionario, pues la RPT última de la GISS, que es de 1992, se ha quedado obsoleta y las posteriores que se han ido presentando para subsanar esta carencia de personal siempre han sido rechazadas por la CECIR. Así es como se ha fabricado el argumento que pretende justificar la subcontratación masiva de personal externos. Pero en nuestra opinión, durante estos veinte años nunca ha habido voluntad real de aumentar el número de funcionarios informáticos en la GISS. En realidad, la presencia de personal externo está sobredimensionada precisamente porque se ha buscado tener a mucha gente, aunque sea con poco trabajo, para poder dar respuesta rápida en urgencias puntuales de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. Por eso ahora la proporción en los SSCC de la GISS es de 2/3 de personal subcontratado por la modalidad de AT frente a 1/3 de empleados públicos.
¿Eso es rentable económicamente? No, pero como para el Capítulo 2 de los Presupuestos (inversiones), donde se repercute la subcontratación externa, siempre ha habido dinero, esto no ha supuesto nunca un problema, mientras que para el Capítulo 1, en el que van las retribuciones de los empleados públicos, apenas ha habido dotación para crear nuevas plazas o mejorar los niveles de forma que los funcionarios pudieran desarrollar una mínima carrera administrativa. Por eso, para afianzar este modelo dependiente del las empresas, en los últimos veinte años se ha ido “promocionando” a numeroso personal externo para funciones equivalentes a niveles 22 y superiores, no necesariamente con su correspondencia salarial, sin exigirles ninguna titulación, en detrimento de muchos funcionarios que, aún teniéndola porque se les exigió para opositar, han ido siendo arrumbados sin promoción, cada vez con menos funciones asignadas por lo que directamente se han ido yendo y sus plazas han sido amortizadas.
¿Sale más caro un externo que un funcionario? Existe un argumento que, además de insidioso, es una gran mentira y es que los funcionarios salen más caros porque son menos eficientes y no te puedes arriesgar a que cumplan los plazos, ya que no se les puede controlar o apretar tanto como a los externos. En la realidad, apenas se ejercía control sobre los externos: mientras el trabajo saliera, y éste iba saliendo porque ya hemos dicho que había una sobredotación de personal, se les dejaba todo el margen de maniobra y teóricamente eran controlados por su empresa. Por otro lado, las supuestas actitudes de escaqueo o indolencia del funcionario se han ido fomentado sencillamente con eliminar la promoción y haciendo que las productividades no sean tanto un estímulo (por ser café para todos) como un soborno: no protestéis que aquí cobráis igual y bastante aunque no peguéis sello. Además, la poca promoción que hay es por premio y no por mérito, en un sistema perverso de comisiones de servicio que ya ha sido denunciado por este sindicato en numerosas ocasiones.
Costes para la GISS del personal subcontratado (horas/persona) según las clausulas del concurso 7201/13G (precio max. de licitación)
Correspondencia €/hora Anual (sin IVA) Total persona
Técnico superior A T. Sup. Informática N.24 58,48 102.924,80 126.597,50
Técnico superior B An. de Sistemas N.22 50,24 88.422,40 108.759,55
Técnico superior C An. Funcional N.20 44,59 78.478,40 96.528,43
Técnico medio A T. M. Informática N.18 38,95 68.552,00 84.318,96
¿Por qué han empezado por la GISS? La respuesta es muy sencilla: la Gerencia es el sitio donde es más fácil realizar este experimento, porque desde fuera, incluso algunos compañeros funcionarios ven la informática como un trabajo muy técnico y así, sin mucho conflicto, se les puede hacer creer que eso lo pueda hacer igual o mejor una empresa privada, mientras que la labor de gestión la perciben como claramente idiosincrásica y exclusiva del funcionariado. Da igual que a principios de los noventa se crearan los TIC, funcionarios cuyo temario de oposición incluía las Tecnologías de la Información, o que existan en la RPT puestos explícitamente para esos perfiles técnicos.
¿Puede esta tendencia extenderse? De hecho, ya lo está haciendo. En nuestra opinión todo esto se inscribe en un plan más ambicioso de privatización que incluye al mayor número de funcionarios posible y no sólo de informática. El mecanismo de amortización de plazas está generalizado por mandato gubernamental y situaciones como la de GISS ya se están dando por ejemplo en el FOGASA. La elevada media de edad del personal, unida a la tasa mínima legal de reposición y aliñado todo con la amortización de plazas está llevando a justificar, por ejemplo, el cierre de muchos CAISS y a reagrupar en unos pocos centros al personal superviviente, con el fantasma de traslados forzosos a oficinas deficitarias en otras provincias. Por eso, muchos de los nuevos desarrollos van ahora encaminados a Administración Electrónica.
¿Qué baza juega aquí la Administración Electrónica? Con la coartada de la Administración electrónica se está reduciendo el personal funcionario forzando de paso cada vez más al administrado a que tenga que hacerse las gestiones por su cuenta y riesgo o a contratar los servicios de las Gestorías que ya huelen las vacas gordas. Por ejemplo, los nuevos desarrollos para dispositivos móviles parecen orientados a una presumible robotización general de la atención al público, del tipo de las existentes en las operadoras de telecomunicaciones: “Si es para solicitar una Vida Laboral pulse 1; si es para una Consulta de Pensiones pulse 2; si no es para ninguna de esas espere a ser atendido o conéctese con la Sede Electrónica.”. Esa robotización es, al parecer, su particular visión del mandato de acercar los Servicios Públicos al ciudadano reduciéndole a la categoría de cliente: desde lejos y pagando.
¿En qué repercutirá este modelo en el trabajo diario de los organismos de la Seguridad Social? Hasta ahora, cuando por ejemplo se iba a publicar en el BOE una modificación, desde Gestión se llamaba a la GISS, e inmediatamente se empezaba a trabajar sobre ello, de forma que cuando salía publicado muchas veces ya se habían corregido problemas con los que no se había contado y ya estaba hecho el cambio. En AM se tendrá que evaluar la petición, introducir lo que se quiere y cómo en la herramienta creada a tal fin, ver a cuántas “unidades de trabajo” cuesta y en cuanto tiempo se planifica y con esos datos sacarlo, por así decir, a subasta entre las empresas que lo hagan más rápido y barato, sin importar el cómo. Como esto supone una considerable demora de tiempo, la GISS quiere pedir que, en aras del mejor funcionamiento del Desarrollo Gestionado, las Entidades de la Seg. Social planifiquen sus peticiones en plazos amplios para que puedan de forma fluida integrarse en este esquema, pero todo esto va en contra de la realidad de la Gestión de la Seg. Social que muchas veces exige una reacción inmediata a determinadas peticiones.
¿Esto afectará a los plazos de resolución de las peticiones? Sin duda. Con el nuevo modelo, la necesidad de documentar exhaustivamente las peticiones, así como el análisis de las mismas para que puedan ser introducidas en la herramienta que calcula los precios y tiempos, la poca flexibilidad a la hora de modificar los requisitos (cambios que son el día a día en nuestro trabajo), inclusión de un periodo de pruebas o las resolución de las mismas incidencias dilatarán significativamente los plazos de resolución de las peticiones hechas por las unidades de la Seguridad Social. Con una alta probabilidad, las peticiones no urgentes quedarán en cola de espera indefinidamente o fuera de planificación como no viables. Todo nos lleva a afirmar que no se podrán cumplir los plazos, a no ser que en un juego de prestidigitación administrativa, como sucede en otros Ministerios, se apruebe la planificación de lo que “ya está hecho” como si estuviera “por hacer” y así seguro que todos cumplen los plazos, todos quedan bien y todos a ganar… Todos menos los trabajadores de a pie, tanto funcionarios, que serán arrinconados, como externos, que serán obligados a trabajar más tiempo por menos dinero a riesgo de ser despedidos.
¿Existe alguna prueba o ensayo de que esto va a funcionar? No, al menos de esa magnitud. Por eso, y como para contratación externa ya hemos dicho que siempre hay dinero del capítulo 2, probablemente se verán obligados a mantener en paralelo en AT por horas a un número elevado de subcontratados externos no prescindibles que actualmente ya realizan estas labores. Esto es lo que se ha hecho en varias organizaciones de las que ponen como modelo en dichas charlas, aunque alguna de ellas ya ha abandonado este modelo por su alto coste y el bajo control sobre las aplicaciones.
¿Qué más no nos cuentan en las presentaciones? Por ejemplo se olvidan de contar que no es fácil implantar estas fórmulas de optimización de productividad y costes, ni siquiera en organizaciones pequeñas, pues requieren largos ciclos de negociación y adaptación entre clientes y proveedores, ciclos que entran en conflicto con los procesos de licitación pública.
¿Qué podemos hacer? No se está diciendo que no haga falta actualizar la gestión, modificar estructuras, documentar exhaustivamente para poder romper la dependencia que se tiene de determinados proveedores. Ni siquiera se está afirmando, siendo realistas ante la situación actual en la que el mal ya está hecho, que no haga falta que se contrate personal externo. Lo que se está diciendo es que esto no sea a costa de la desaparición de la función pública por un lado, ni del favorecimiento de la explotación por otro. Lo que se está pidiendo es defender los puestos de trabajo públicos y la dignidad y contenido de los mismos.
Desde CGT-CAT rechazamos esta maniobra privatizadora que arrumba y vacía de contenido a numeroso personal funcionario, desprestigiándolo de paso de cara a la opinión pública. GISS, FOGASA, CAISS… No podemos quedarnos quietos, tenemos que pasar de la queja a la acción, organizándonos en los centros de trabajo, afiliarnos a un sindicato que plante cara y participar, ya que las cosas nunca mejoran solas.