Jue, 20/08/2015 - 10:23
Reforma laboral tras reforma laboral, los mecanismos de solución pacífica de conflictos laborales han sido laminados hasta casi su desaparición. Hacer hoy un despido colectivo, o una eliminación de condiciones laborales, es un simple procedimiento donde la Ley no pone apenas justificación o impedimento alguno a los deseos empresariales.
Cuando la Ley está del lado de una de las partes, es de pura lógica que sólo pueda equilibrarse la relación de fuerzas en una mesa de negociación mediante una mayor combatividad y contundencia en las movilizaciones y huelgas. Simplemente, porque las herramientas legales han sido destrozadas. Y esa es la apuesta, grosso modo, de la CGT y otros sindicatos.
Sin embargo nos encontramos una y otra vez con una actitud totalmente opuesta en la inmensa mayoría de los EREs con presencia del sindicalismo de concertación, especialmente CCOO y UGT. Los representantes de las federaciones aterrizan de inmediato, repartiendo consignas de contemporización y dilación en las movilizaciones. A continuación empiezan a negociar las condiciones de los despidos, algo que ya es conocido aceptan las empresas sin mayor problema. Finalmente, se pone a votación el acuerdo cuando no hay plazo ante una plantilla derrumbada y resignada.
En un escenario de desequilibrio de fuerzas, frenan toda propuesta de movilización firme, dividiendo a la plantilla, boicoteando movilizaciones de otros y firmando ERE tras ERE sin apenas ruido. ¿Por qué?
¿Recibe dinero CCOO y UGT por ERE pactado?
Que esos dos sindicatos recibían dinero en metálico de las empresas cuando firmaban un ERE era un secreto a voces. A veces algunos bufetes cometían el error de incluir los ‘honorarios’ en los acuerdos firmados, así pudo la CGT denunciarlo públicamente en varias ocasiones.
Aunque probablemente no hay una tarifa estipulada, diversas informaciones periodísticas lo tasan en hasta un 10% del coste por despido.
Obviamente algo así no es algo que se asuma abiertamente por ambos sindicatos. Hubo que esperar al escándalo de los EREs de Andalucía, donde se recogían diversos pagos realizados, para que el secretario general de CCOO lo reconociera públicamente: “Toxo aclaró que se facturan servicios, no se cobran “comisiones”, como entiende la instrucción judicial, y añadió que los gastos deben recaer sobre las empresas que presentan el ERE y no sobre los trabajadores y trabajadoras.”
Y ya lo teníamos: CCOO y UGT alegan facturar ‘servicios jurídicos’ a las empresas para que no los paguen los trabajadores despedidos. En un ERE típico cualquier sindicato moviliza a uno o varios abogados, se realizan auditorías económicas de los datos proporcionados por la empresa y, si no hay acuerdo, se inicia un procedimiento judicial.
Es curioso que la CGT, un sindicato autofinanciado casi en su totalidad por las cuotas de sus afiliados, pueda hacer frente perfectamente a esos gastos sin cobrar ni a empresas ni trabajadores y los dos sindicatos mayoritarios de este país con múltiples vías de financiación no.
¿De cuánto dinero estamos hablando?
En la Coordinadora de Informática de CGT hemos sufrido hace pocas fechas la acción de estos sindicatos en INDRA, no vamos a extendernos demasiado sobre algo ya bastante conocido.
En esta ocasión ni pusieron el preacuerdo a votación de la plantilla porque, en palabras de la abogada del bufete de Indra en la mesa de negociación “Nada de referéndums vista la experiencia en procesos anteriores”. Y es que la CGT tumbó hacía poco un ERE de 672 despidos en Atento por pucherazo de CCOO y UGT. Hasta este nivel llega la sumisión.
Las indemnizaciones por despido de personal informático con bastantes años de antigüedad y sueldos previos a la crisis/estafa suelen ser bastante elevados. Una previsión conservadora podría estar en una media de entre 40-50000€ por cada uno de los 1750 despidos. Haced vosotros mismos los cálculos de los ‘honorarios’ entregados según la información periodística existente por los ‘gastos’ en este ERE.
A continuación os indicamos un cuadro obtenido a partir de datos públicos del Ministerio de Empleo. www.empleo.gob.es/estadisticas/reg/welcome.htm
Más de 250.000 despidos en 5 años en EREs pactados, la gran mayoría de ellos firmados por ambos sindicatos. Hablamos de una importantísima vía de entrada de dinero en unos momentos en que es conocido su problema en la caída de afiliación y recorte de otras vías de entrada financiera como presencia en consejos de administración, fondos de formación o subvenciones varias.
Nos gustaría poder detallar a cuánto ascienden las facturas por EREs pactados, pero esa información no está disponible, esperamos la publiquen al detalle algún día...Bueno, en realidad no esperamos que lo hagan (la verdad.)
¿Y qué puede hacerse?
Si has llegado hasta aquí y por tu cabeza se cruza la idea “todos son unos vendidos, mejor paso de todo”, tenemos una noticia: el Sr. Don Emilio Botín Sanz de Satuola se retuerce de placer en el infierno al oírlo.
Los y las trabajadoras estamos acabados si dejamos que esta dinámica perversa siga destrozando, no sólo nuestros derechos laborales sino también la vida de la que dependen. En las empresas, en el sector, en la sociedad, desde CGT y otros sindicatos libramos una doble batalla: contra el habitual enemigo que nos lo quiere arrebatar todo y contra aquellos estómagos agradecidos que trabajan para reventar tu oposición desde dentro.
No es el mensaje antisindical y aislado la respuesta, (¡qué más quisieran los que mandan!), sino ir al sindicato que plante cara con el que más te sientas identificado para fortalecerlo. O les botamos de todas las esferas de colaboración o acabaremos comiendo miseria, sin salir jamás de ella. Es así de sencillo, si no nos reagrupamos vamos al matadero con las manos atadas.
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